Por Armando Montejano.

Dentro de las 12 ciudades mexicanas con mayor crecimiento según el estudio elaborado por la empresa de consultoría Tinsa “Ciudades Potenciales de México para el Mercado Inmobiliario” publicado en Noviembre 2016, las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario han sido la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Mérida y Villahermosa, Distrito Federal, Cancún y Playa del Carmen.

De esta lista destacan por su juventud y vertiginoso crecimiento dos de ellas. Cancún, fundada en 1970 por parte del fideicomiso FONATUR; y Playa del Carmen que cuenta con asentamientos incipientes desde finales del siglo XIX y que hasta mediados de los años ochenta su población no rebasaba 1,500 habitantes.

A diferencia de las ciudades con mayor arraigo histórico y experiencia en el manejo de política urbana, la conformación de estas nuevas urbes ha sido marcada por la improvisación, la incapacidad de prevención y la presión del mercado.  Los planes de desarrollo urbano son superados antes de su aprobación y aplicación; los reglamentos de construcción están orientados hacia acciones responsivas y no preventivas. La voracidad de los desarrolladores (en todos los ámbitos: habitacional, comercial, turístico, etc.) y su poder corruptor, ejercen tal presión sobre las autoridades, que se aplica una política de “multas” y “compensación” de danos urbanos y ambientales.

Por las características de la conformación de los poderes políticos en México, resulta imposible la creación de cuadros de gobierno capaces de responder eficazmente a la promulgación de leyes que regulen y normen el crecimiento de éste tipo de ciudades, en las que no hay una tradición urbana y para las que no existe un referente local, regional o nacional.

Las leyes en torno al crecimiento urbano y, específicamente a la construcción de edificios, resultan ser copias mal “tropicaliazadas” de modelos extranjeros o nacionales que no tienen relación con los fenómenos locales, ni con las condiciones socio-demográficas y ambientales.

Bajo la presunción de que la playa es el espacio público por naturaleza, se confía el desarrollo social al espacio de la playa, sin embargo esta idea se hace añicos ante la privatización del acceso a ella. El resultado son urbes con escasos espacios públicos y verdes, en los que las plazas comerciales se convierten en el principal lugar de esparcimiento para la población.

Es necesario modificar la forma de hacer leyes, por lo menos en lo que concierne al crecimiento y ordenamiento urbano. Es imperante reflexionar sobre la morfología de la ciudad y su relación con reglas que prevean, desde su génesis, la dinamicidad de la ciudad. Estas leyes deberán de conceptualizarse con capacidades resilientes, leyes que se puedan transformar a sí mismas dependiendo de las condiciones sociales, económicas y ecológicas. Es imposible pensar que un regidor, o presidente municipal, cuyo periodo es de tres años, o de un diputado o gobernador estatal, sean capaces de responder a un entorno veinte años a futuro. Actualmente se elaboran leyes, reglamentos y normas de variables cerradas; lo que en este texto propone, sin saber él cómo pero si él para qué, son herramientas legales de variables abiertas, que sean capaces de mutar en dependiendo de las condiciones en que se apliquen.

Sin una revolución legal-urbana de ésta magnitud, estaremos condenados a tener ciudades que responden a necesidades obsoletas, en las que los ciudadanos vivamos en un entorno caduco y anacrónico; ciudades rebasadas por la sociedad, con ciudadanos condenados a la insatisfacción.

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¿Quién es Armando Montejano?

Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, director fundador de Taller Fulano y catedrático de Universidad La Salle Cancún. Ha colaborado en La Tempestad, Enlace, Revista Código y Blog de crítica.

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